Nos atrevemos a asegurar que muy pocos dominicanos saben cómo y para qué se estructura el presupuesto nacional. La mayoría no entiende que dicho instrumento económico financiero se nutre de sus esfuerzos constante, y que es el resultado de los impuestos que todos, de una u otra forma, depositamos en esa gran canasta llamada fondos públicos, sin importar nuestra condición económica y social.
No hay un esfuerzo más solidario, colectivo y más parecido a una gran cooperativa que ese que todos hacemos días tras días para ayudar al Gobierno dominicano a obtener los recursos necesarios para luego distribuirlos y mantener andando al gran gigante del Estado. Lamentablemente, esa falta de conocimiento es la que nos impide valorar, y mucho menos desarrollar un sentido de pertenencia con el presupuesto nacional.
A diferencia de las cooperativas, donde los miembros reciben beneficios tangibles de sus dividendos, y donde los proyectos que se llevarían a cabo con los recursos acumulados son aprobados por una asamblea, con el presupuesto nacional no sucede lo mismo. Primero, las prioridades del gasto son definidas en la mayoría de las ocasiones de manera divorciada de las necesidades y demandas de sus beneficiarios, y segundo, el sentido de equidad no impera en este. Sólo basta analizar las partidas presupuestaria cada año para percatarse del sentido de distribución del mismo.
El artículo 238 de la Constitución de la República establece los criterios para la asignación del gasto público, refiriéndose a la correspondencia del Estado para la realización de una asignación equitativa en todo el territorio. Dentro de los elementos que resalta la Carta Magna que deberían caracterizar la formulación y ejecución presupuestaria están la eficiencia y prioridad. Lamentablemente, no siempre se cumple con ambos desde una perspectiva colectiva, ya que en muchas ocasiones las prioridades dependen de las ideas o el capricho de alguien. No obstante eso, creemos que cada año existe una gran oportunidad para convertir la ley de presupuesto general del Estado en un instrumento del desarrollo nacional.
En economías como la nuestra no será posible propiciar un desarrollo económico equitativo, sino va acompañado de un desarrollo humano. La gente es quien imprime un carácter de sostenibilidad al crecimiento hasta llevarlo a convertirse en desarrollo económico. Por tal razón, es necesario construir los cimientos sobre los cuales ha de erigirse el desarrollo nacional; es ahí donde la educación juega un papel fundamental.
A raíz de todo el debate que se ha suscitado en torno al presupuesto nacional y el cumplimiento de la ley de educación (66-97); es decir la inversión del 4% del PIB para la educación, quiero realizar algunas puntualizaciones:
Primero: el PIB nominal proyectado para República Dominicana para el año 2012 de acuerdo al presupuesto nacional, es de RD$2,383,425.2 millones, y el monto total del Presupuesto Nacional es de RD$430,000 millones. Es decir, el monto total del presupuesto nacional equivale al 18% del PIB nominal proyectado para el próximo año.
Segundo: la ley 66-97 o Ley de Educación manda a invertir en el sector educativo el mayor monto entre el 16% del presupuesto nacional o el 4% del PIB.
Tercero: si calculamos la inversión en educación estipulada en la ley en función del 4% del PIB, el monto a asignar en el presupuesto sería de RD$95,337 millones y si lo calculamos con el 16% del monto del presupuesto nacional entonces la inversión en educación sería de RD$68,800 millones.
Cuarto: el 4% del PIB estipulado en la ley de educación (RD$95,337 millones) representa el 22% del monto total del presupuesto nacional proyectado para el 2012.
En síntesis, cuando analizamos fríamente los mandatos de las leyes en términos de asignación presupuestaria, y lo comparamos con nuestra realidad presupuestaria cuantitativa, nos damos cuenta del daño que han hecho la falta de gerencia estatal y la politiquería que han imperado en nuestro país por décadas; situación que nos ha inducido a vivir en un Estado que cae en el incumplimiento de sus leyes.
Si tomamos en cuenta las decenas de leyes que al igual que la de educación que estipulan porcentajes de asignaciones presupuestarias y que no se cumplen, nos daríamos cuenta que es urgente REDISEÑAR el Estado dominicano. El rediseño implica definir prioridades y suprimir prácticas de un modus operandi que nos sumergen en la pobreza y la ignorancia como país.
A pesar de todo, la inversión en educación no puede ser objeto de transacción ni postergación, es por ello que necesitamos mayor inversión cuantitativa y cualitativa en dicho sector. Y es precisamente por la falta de educación que tenemos ciudadanos que hacen leyes sin conceptos ni criterio, y por tanto llevan al Estado al incumplimiento de sus leyes, y otros que por la misma falta de educación, no entienden lo que es un Estado de Derecho.
Escrito en el periódico Acento el 19/10/2011
